Opinión

10/03/2010

Editorial

Embargo, conflicto y deuda inadmisible

latribunadeciudadreal.net

El embargo al que ha procedido el Ayuntamiento de Ciudad Real sobre la Tesorería General de la Seguridad Social crea un conflicto realmente novedoso en las relaciones entre administraciones públicas. El bloqueo de cuentas bancarias por un montante de unos 250.000 euros supone una decisión sin precedentes y, precisamente por ello, puede convertirse en un asunto delicado si se confirma lo anunciado ayer por la Tesorería General de que emprenderá acciones legales no sólo contra el funcionario que firmó la orden de embargo, sino también contra el Ayuntamiento de la capital. El argumento esgrimido desde la Seguridad Social es que sus propiedades son bienes inembargables por ley.
La defensa de la Seguridad Social está argumentada y parece quedar demostrado que su razón se basa en la normativa legal vigente. Sin embargo, por mucho respaldo legal que tenga, es realmente insano para el sistema que las administraciones no cumplan con sus obligaciones fiscales allá donde se contraigan. Pero para rizar el rizo, la Administración central adopta la táctica de balones fuera y en una nota de prensa difundida ayer carga a la autonómica la responsabilidad de los impagos, que suman nada menos que 2,4 millones de euros del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde 2006. Le atribuye la deuda a la Junta porque, según la Seguridad Social, recepcionó la obra del Hospital General en 2005, aunque el Ejecutivo regional no lo asume porque no formaba parte de los bienes transferidos en Sanidad, un «error» que desde la Seguridad Social se afirmó ayer que están pendientes de subsanar. Alguien debería considerar que los errores no eximen de las responsabilidades que derivan de ellos y este puede ser uno de esos casos.
Catastralmente el Hospital General figura hoy todavía con titularidad de la Administración central y el argumento del procedimiento abierto para subsanar el error carece del más mínimo peso cuando han transcurrido cuatro años desde que se cometió el fallo. La burocracia es lenta, pero no tanto como para sostener adecuadamente el argumento de defensa de la Seguridad social.
Lo más grave de todo es que mientras tanto hay unos perjudicados claros de este mal llamado error. Y éstos no son ni el PP ni el Ayuntamiento de Ciudad Real, sino los habitantes de la capital, a los que les faltan 2,4 millones de euros transformables en servicios desde la Casa Consistorial. La Ley dará la razón a la Tesorería General, pero no por ello deja de ser inadmisible que las administraciones públicas puedan incumplir sus obligaciones fiscales como si nada, en un pésimo ejemplo hacia el común de los contribuyentes, a los que ellos sí embargan sin miramientos si no rinden cuentas con la hacienda pública.    

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