El proyecto de ley de Educación de Castilla-La Mancha, que entrará en breve a las Cortes, plantea la creación de cupos ‘antiguetos’ en los centros escolares, estableciendo para ello «un porcentaje máximo» de escolarización en un mismo centro para los alumnos que precisen de una «atención educativa específica».
El texto aprobado por el Consejo de Gobierno es vago en detalles, ya que ni precisa el porcentaje exacto de estos cupos ni enumera cuáles son estas atenciones educativas de apoyo. Sin embargo, la problemática sobre la posible concentración en determinados centros -esencialmente públicos- de alumnos con problemas de conducta o inmigrantes recién llegados, rezuma del proyecto castellano-manchego.
El Gobierno regional se situaría así en la línea de la ley catalana, que -polémicas lingüísticas aparte- marca un tope de alumnos extranjeros recién llegados por centro. Menores que deben ser repartidos de forma equitativa entre los centros públicos y concertados del la zona.
En concreto, el artículo 101 del anteproyecto de ley de Educación de Castilla-La Mancha recoge que «la programación de la oferta anual de plazas escolares contemplará una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, y garantizará la no discriminación de personas por razón de nacimiento, raza, sexo u orientación afectivosexual, religión, opinión o cualquiera otra condición o circunstancia personal o social, sin más limitaciones que la edad y las condiciones académicas». Además, añade, «la Consejería podrá establecer un porcentaje máximo de escolarización en un mismo centro» para «la población escolar que necesite atención educativa específica».
En el ámbito los centros escolares concertados, se advierte de que estos «no podrán imponer la obligación de realizar aportaciones a fundaciones o asociaciones de cualquier tipo, ni vincular la escolarización con la obligatoriedad de recibir ningún servicio adicional que requiera aportaciones económicas del alumno». El objetivo es, según reza en el proyecto de ley, garantizar la «gratuidad» de la enseñanza en los centros concertados y, con ello, el acceso en condiciones de igualdad de los alumnos en los centros públicos o sufragados con dinero público.
Educación religiosa. El Ejecutivo castellano-manchego viene a reconocer con este proyecto de ley el derecho de los padres a que sus hijos «reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
En estos momentos, la admisión de alumnos en Castilla-La Mancha y, por tanto, el control de estos ‘guetos’ educativos, se regula a través de un decreto fechado en 2007. Norma que prevé que «en aquellos grupos en los que se escolarice alumnado con necesidades especiales derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta, se reducirá el número máximo de alumnos por aula en dos puestos escolares».
En el caso de los inmigrantes recién llegados a España, se permite «un incremento de hasta un diez por ciento del número máximo de alumnos por aula en los centros públicos y concertados de una misma área de escolarización». Además, se atribuye a las Delegaciones Provinciales de Educación la competencia de decidir en que centro se escolariza a estos menores, «en función de sus necesidades específicas y del número de alumnos de estas características ya escolarizados».
Las previsiones del Gobierno regional contemplan aprobar la Ley de Educación en el presente periodo de sesiones, que expira en junio.